El Gobierno nacional radicó en julio de 2025 el proyecto de ley del “Marco Jurídico para la Paz Total y la Seguridad Ciudadana”, que genera amplio debate por sus propuestas de rebajas de penas y beneficios para grupos armados, organizaciones criminales y procesados por protesta social. Esta iniciativa busca regular los procesos de sometimiento y desmovilización, pero enfrenta críticas por su aparente laxitud frente a la justicia tradicional.
Penas alternativas y justicia restaurativa
El núcleo controvertido radica en un modelo de justicia transicional que aplica penas privativas de la libertad entre 5 y 8 años para máximos responsables de grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML), y de 2 a 5 años para el resto de miembros. Estas penas se cumplirían no en cárceles, sino en “espacios rurales o urbanos para la construcción de la paz y la transformación territorial”, bajo vigilancia y con énfasis en reparación a víctimas y resocialización.
Para acceder a estos beneficios, los grupos deben entregar armas y bienes, desmovilizarse, dejar de delinquir, liberar secuestrados y menores reclutados, y acordar con la Fiscalía la revelación de sus estructuras y redes de apoyo. El Ministerio de Justicia defiende que esto no es impunidad, sino un incentivo para el desmantelamiento efectivo, amparado en el Derecho Internacional Humanitario.
Inclusión de organizaciones criminales y exclusiones
Otro punto polémico es extender estos mecanismos a grupos netamente criminales, como el Clan del Golfo o disidencias de las FARC sin estatus político, siempre que demuestren unidad de mando y voluntad de negociación. Para quienes hayan sido “excluidos de procesos previos de paz”, las penas suben a 8-10 años, pero aún así con ejecución alternativa.
La Corte Suprema y figuras como el expresidente Juan Manuel Santos han cuestionado la iniciativa por conceder “demasiados beneficios” sin suficiente deliberación previa, advirtiendo riesgos para el orden público y la lucha contra el crimen organizado.
Beneficios para procesados por protesta social
El proyecto incluye rebajas de penas de hasta el 70% —incluso para condenados— y libertad condicional tras dos años de prisión para jóvenes judicializados por el Paro Nacional de 2021 y protestas sociales de 2019. Esta disposición, nueva en la versión actual, busca rescatar el “derecho constitucional a la paz”, pero genera rechazo opositor por potencialmente beneficiar a acusados de delitos graves como torturas o asesinatos.
Críticas y desafíos legislativos
La oposición, incluyendo senadores como María Fernanda Cabal, califica el marco como “complicidad con criminales” disfrazada de paz, especialmente por evitar extradiciones a EE.UU. y permitir retener parte de fortunas ilícitas. Críticos como Ernesto Samper reconocen su necesidad, pero exigen consensos para evitar el fracaso de procesos previos.
El proyecto, radicado el 20 de julio de 2025 por el ministro Eduardo Montealegre, enfrenta un Congreso polarizado y un contexto de procesos de paz estancados con ELN y disidencias, lo que podría hundirlo como una iniciativa similar en 2023. Para abogados y juristas, representa un dilema entre la ambición pacífica y los principios de ejemplaridad penal.
